El Gobierno cuestiona la marcha universitaria y la vincula a intereses opositores: “Es claramente política”

El Gobierno define a la .En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la única ley que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó abstracta tras la sanción de la ley de leyes. “Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario?. Y así todo, no consiguieron los votos”, planteó en diálogo con TN el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó el conflicto del Gobierno con las universidades por los hospitales públicos. (Foto: Ministerio de Capital Humano).Sin embargo, el funcionario a cargo de la política universitaria aseguró que el Gobierno tiene su atención en la discusión parlamentaria y no en la magnitud de una movilización. “Cómo sería un sistema institucional que funcione por la cantidad de bombos que llevo a una marcha. Está bien como protesta, pero no representa un parámetro”, insistió. En paralelo, el Gobierno libra otra discusión con las universidades, pero por los fondos sin ejecutar destinados a hospitales universitarios. Luego de un cruce público con la Universidad de Buenos Aires, Álvarez anticipó a este medio que luego de la marcha se realizará una convocatoria para definir la distribución de los más de $79 mil millones que reclaman las instituciones.Leé también: El Gobierno convocará a los rectores de los hospitales universitarios para rediseñar la distribución de fondosPor su parte, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, advirtió una caída del 45,6% desde fines de 2023 hasta la fecha en las transferencias que el Gobierno envía a las universidades. “Estamos a la mitad de nuestras capacidades”, aseguró el rector, que también reclamó una convocatoria a representantes gremiales, autoridades universitarias y a toda la comunidad para discutir cómo aplicar el contenido de la ley.